TRATA DE PERSONAS EN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ARGENTINA Y BOLIVIA

Si bien Argentina no es un país con una fuerte presencia de pueblos originarios como el de Bolivia, en ambos países podemos encontrar una cantidad considerable de presencia de pueblos originarios.

En Argentina hay una población de un poco más de 42 millones de personas de las que 600.329 son consideradas descendientes o pertenecientes a uno de los pueblos indígenas reconocidos, por mencionar algunos, atacama, ava-guaraní, aymara, calchaquí, chané, charrúa, chorote, chulupí, comechingón, diaguita, guaraní, huarpe, kolla, lule, mapuche, mbyá guaraní, mocovi, nivaclé, omaguaca, ona, pampa, pilaga, querandí, rankulche, tapieté, tehuelche, toba-qom, tonocote, tupí guaraní y wichí.

Estos datos son según el último censo del 2010, en el censo se incluyó la opción de “otros” lo que dio que algunas personas que no se encontraban en las opciones dadas su pueblo o nación dio como resultado que se reconocieran personas de los pueblos abaucán, abipón, ansilta, chaná, inca, maimará, minuán, ocloya, olongasta, pituil, pular, sanavirón, sashagan, tape, tilcara, tilián y vilela. El número total de estos pueblos es de 3.864 personas. El pueblo más numeroso resulto ser el mapuche que  tiene una población censada de 113.680, (en alguna regiones los mapuches no dejan entrar a los censistas, por eso no se tiene el número total de mapuches en Argentina).

En las grandes ciudades podemos encontrar  una gran cantidad de gente originaria, pero en las encuestas o censos a veces no son registrados puesto que algunas personas desconocen ser descendientes o niegan serlo o tan solo lo disimulan,  por temor a ser discriminadas o por otras razones. Pero un estudio reciente de la Universidad de Buenos Aires establece que el 56% de los argentinos tiene “al menos un ancestro indígena”. (Existe presencia de los genes indígenas en la mitad de la población Argentina).

La mayor concentración de pueblos originarios se encuentra en la zona fronteriza, más al norte del país, en las llamadas provincias pobres.

Los mapuche, toba y kolla son los más numerosos, mientras que los pueblos tapieté y ona son los que cuentan con menos integrantes, en cifra inferior a los 600 cada uno de estos pueblos. El número de lenguas es de 15, agrupadas en 7 familias lingüísticas.

Con el Convenio 169 de la OIT se producen grandes avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Argentina, aunque este convenio lo realiza una organización implicada a los derechos laborales a nivel internacional, pero la OIT  entiende que los pueblos originarios son los más perjudicados en sus derechos no solo los laborales, sino en todos, tanto los derechos individuales como los comunitarios. Esto provoca un convenio para tratar no solo los derechos laborales, sino a todos, pues es la única forma de mantener una sociedad plena en todos sus derechos.

En Argentina se produce una reforma constitucional en 1994 y la ratificación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT, en el año 2000. En el 2010 el 90% de la población originaria en Argentina no recibía aún clases en su lengua de origen, aunque existe una ley provincia del Chaco, ley 23.302 de Educación Indígena, que en El artículo 16 dice: “en los tres primeros años la enseñanza se impartirá en la lengua indígena materna, en los restantes años la enseñanza será bilingüe”.  En el mismo artículo, agrega: “se promoverá capacitación de docentes primarios bilingües”, “también se producirá textos y otros materiales” pero en la realidad esto todavía no se cumple del todo.

A finales de 2006 el Congreso promulgó la ley de Emergencia sobre Posesión y Propiedad de las Tierras Comunitarias Indígenas, y se suspendió la ejecución de sentencias y actos de desalojo por un lapso de cuatro años hasta realizar una titulación de las tierras indígenas (título colectivo).

Se indicó que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) era el encargado de hacerlo, de forma conjunta con el Consejo de Participación Indígena. Este espacio fue creado en el año 2004, es un órgano de 83 representantes. Pero el INAI no es independiente  pues el cargo directivo depende de una designación política y no es elegido directamente por los pueblos originarios.

Pero para sintetizar las leyes para proteger los derechos de los pueblos originarios en Argentina no significan que existe una gran protección. Puesto que el mismo Estado que debe cumplir con estos derechos no está velando el cumplimiento, ni fiscalizando tal cumplimiento, sino todo lo contrario muchas veces es Estado el mayor incumplidor.

Es decir, los intereses económicos tanto de particulares como del estado son muchos más importantes que los derechos de los pueblos originarios, sumado a esto a la situación de vulnerabilidad que las comunidades están inmersas, hace que sean las mayores víctimas de explotación y abuso tanto de forma individual como de forma colectiva.

Muchas de estas comunidades en el Norte como en diferentes partes del país sufren una situación de desnutrición, no acceso al agua potable, a una buena educación, salud y medios de comunicación lo que determina una necesidad enorme a la vez que son una presa fácil para la explotación sexual y abuso de menores, un gran cumulo de niños y adolescentes adictos ya fuese al alcohol o a diferentes drogas(fuese combustible, pegamento, medicamentos o estupefacientes), a la explotación laboral y un sin número de atentados a sus derechos que quedan impunes por el simple hecho de que son originarios.

Si bien existen leyes contra la discriminación todavía encontramos casos de mala atención o el no acceso a los centros médicos a diferentes personas por el hecho de ser indígena.

La compra de niños para adopciones clandestinas en Santiago del Estero es conocida y algunas investigaciones de 30 años habla de miles de caso de venta de niños solo en Anatuya, región pobre de Santiago, así como casos de niños sin órganos internos al norte de Jujuy(límite de Bolivia), este último informe es del consulado de Argentina en Villazon).

Tanto en Chaco como en Formosa se han encontrado casos de explotación laboral, en donde a los integrantes de las comunidades hacen tareas rurales, como desmalezar campos, hachar leña, construcción de casas o caminos, plantaciones de verduras o frutos por solo el techo, la comida, ropa u otros elementos.

En procesos judiciales en Entre Ríos se ha denunciado la compra de niños a 150 pesos argentino eso sería alrededor de 15 dólares.

También en la zona del norte, como en Mar del Plata y en el sur Argentino encontramos familias enteras de descendientes de pueblos originarios o personas traídas directamente de sus comunidades campesinas desde Bolivia, Paraguay o Perú.

Son personas de descendencia o pertenecientes a pueblos originarios de países limítrofes que también carecen de derechos en su países y son traídos ilegalmente muchas veces, para ser explotados en Argentina, tanto en la recolección como la plantación  de frutas o verduras, en el trabajo del puerto, en la producción de ladrillos (hornos o cortaderos), y algunos prostíbulos.

Esto que mencionamos de Argentina también lo encontramos en Bolivia, puesto que las leyes desde la constitución aprobada en 2009, como las diferentes leyes contra la discriminación, trata de personas y violencia a la mujer hacen un cumulo de abanico jurídico para la protección de la mujer, niño, hombre y familia originaria.

Pero cuando analizamos el cumplimiento de estas leyes vemos un gran inasistencia del Estado a las demandas, un gran cumulo de casos de corrupción y un enorme manto de impunidad, en donde los mismos legisladores que votan las leyes contra la violencia, violan a sus sobrinas guaraní, o violan a su hija y lo ocultan.

También los mismos dirigentes indígenas justifican la explotación laboral, la explotación sexual adulta e infantil con el discurso de uso y costumbre.

En donde se violan a las niñas y si se quedan embarazadas o se descubre el hecho, el violador se casa con la menor violada y termina pagando un monto de dinero al padre o al jefe comunal, es decir, compra a una menor para tener un matrimonio servil.

También las leyes laborales y las leyes de protección a los pueblos originarios son enormes en Bolivia y son motivo de consulta para varios países que quieren implementar las enormes innovaciones en los derechos constitucionales para los pueblos originarios.

Pero lamentablemente debemos decir que Bolivia también es un país de doble discurso, en donde las protecciones a los territorios originarios y reservas ecológicas no son todas ciertas, puesto que luego de observar las riquezas económicas de los territorios indígenas se crean nuevas leyes para posibilitar la explotación de esos territorios, esto permitiría la explotación no solo de los territorios y de los recursos, si no también se produce explotación de sus habitantes y está acompañado de prostíbulos para los obreros, en donde la carne de cañón resultan ser las mujeres y niñas de las comunidades.

“La mano de obra barata y explotada termina siendo siempre las comunidades indígenas adyacentes”.

Todo esto que comentamos son delitos y hay oficinas que están creadas para denunciar estos atropellos a los derechos pero cuando se denuncia al personal estatal, estas oficinas, ya sea del ministerio de transparencia, ministerio público, policía o defensoría, buscan escusas para condicionarnos para no denunciar, burocratizan la denuncia, o simplemente martirizan tanto que hacen pensar que el delincuente es el denunciante y no el denunciado.

Esto implica que los pueblos originarios que supuestamente están protegidos terminan siendo burlados, y sus derechos que puestamente existen, solo son utilizados para acumulación de proyectos que se pierden en las alcaldías, gobernaciones o en las manos de los dirigentes.

Pero esto que decimos no está desinformado el Estado, sino que está muy bien informado e involucrado, pues es la policía, la justicia, y los diferentes cargos ejecutivos que están implicados en los diferentes beneficios de estas explotaciones, y los beneficios son políticos, de poder, y económicos.

Entonces concluimos que son los pueblos los mayores victimas de atropellos y por su estado de indefensión y vulnerabilidad y esto lo condiciona para entrar al ruedo de explotación, esto se suma a que las organizaciones que quieren ayudar a terminar este flagelo termina siendo acusadas por el Estado nacional  de Bolivia como el instrumento de continuación de explotación y el mayor culpable del delito, también se le asignas títulos como golpistas o neoliberales, esto hace que la labor de las personas sensibles ante esta explotación son acusadas de producir la explotación.

Siendo que el estado tiene la mayor complicidad para que la impunidad continúe.

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Acerca de vilcanelson

comunicador e investigador en derechos humanos
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